En abril del presente año, en un rancho ubicado en la comunidad Ojite Rancho Nuevo, del municipio de Tuxpan, fueron robadas 25 cabezas de ganado.
Apenas la semana pasada, fueron denunciados otros dos robos de ganado en la misma zona. El ganadero Alejandro Arroyo reportó el robo de 50 bovinos, mientras que Eliodoro Carballo denunció que de su rancho fueron sustraídas 75 reses.
En lo que va del año (con corte hasta el mes de julio), el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 198 denuncias de robo de ganado en el estado de Veracruz, por lo que -de seguir esa tendencia- se obtendrían cifras similares a las reportadas en el 2022 (415). No se puede hacer una comparación con el año 2021, pues en el registro de aquel lapso se reportan “cero robos de ganado” lo que, por supuesto, es imposible y más bien muestra que las autoridades en Veracruz no entregaron información en ese rubro.
El estado de Veracruz se ubica entre las cinco entidades con mayor producción de carne vacuna, con Jalisco, San Luis Potosí, Baja California y Durango. Sin embargo, graves errores en la política pecuaria del gobierno estatal están poniendo en serio peligro esta, que es una de las industrias más productivas en este territorio.
Es bien sabido que el gobernador Cuitláhuac García suele tomar decisiones que se apartan de los intereses de la sociedad, especialmente en rubros en los que él carece de experiencia y para los que se ha respaldado en asesores poco confiables. Es el caso de la industria ganadera.
Quien dice tener la 2voz cantante” en esa materia, es el subsecretario de ganadería del gobierno estatal, Humberto Amador Zaragoza, quien convenció al mandatario estatal de que el estado podría cobrar un impuesto local por la movilización de reses. “Para ello -le explicó- lo único que necesitamos es modificar la Ley de Ganadería del Estado”.
Craso error de ambos servidores públicos. Uno -el gobernador- porque desconoce todo en materia de ganadería, y el otro (el subsecretario) porque nada sabe de leyes.
Como en Veracruz la voluntad del gobernador no se cuestiona, la reforma propuesta por el subsecretario fue aprobada con la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados.
Y no fue la “mafia del poder”, tampoco “los conservadores que buscan recuperar sus privilegios”, los que se opusieron a esta reforma. Fue el gobierno federal, el que encabeza el presidente López Obrador, el que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional (67/2021) en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz, por reformas publicadas en la gaceta oficial del 31 de marzo del 2021.
La Corte (esa a la que tanto critica el presidente) declaró inconstitucional el decreto emitido en Veracruz y que contemplaba establecer gravámenes por la movilización de animales, lo que es competencia de la Federación.
El Poder Judicial apuntó que la implementación de puntos estatales de inspección de ganado resultaba violatoria del artículo 16 de la Constitución federal, ya que implicaba exigir la acreditación de que no se está a cometiendo el delito de abigeato en un punto de control preventivo, ausente de cualquier justificante razonable, previa libertad, la propiedad y posesión de una persona.
La sentencia de la corte invalidó artículos de esa nueva ley ganadera, específicamente en temas como la operación de puntos de verificación estatal y la guía de tránsito.
Los ganaderos han externado su preocupación por ausencia de vigilancia en la zona por parte de las fuerzas de seguridad locales. Miembros de la Unión Ganadera en el norte de la entidad han señalado que la falta de presencia policial en la región ha contribuido al aumento en el robo de ganado y los coloca en una posición de vulnerabilidad.
En la actual administración estatal se ha desdeñado la estratégica labor de inspección sanitaria. Los puntos que operan en el territorio veracruzano están en el abandono, sin equipo, sin personal suficiente y sin capacitación. Este es un factor que toman muy en cuenta las autoridades sanitarias de Estados Unidos, como requisito para permitir la llegada de carne de otros países.
Estos puntos de inspección, aunque no tienen como tarea fundamental el combate al robo de ganado, sí opera como punto de control y auxilio a las autoridades en el combate al abigeato, pues sus inspectores saben distinguir la alteración de un fierro o la falsificación de documentos.
Para el mes de noviembre se espera que el gobierno de Estados Unidos envíe a sus inspectores a revisar las condiciones de la ganadería en Veracruz y, de encontrar que no se vigila las condiciones de salud de los animales, podría negar al estado los permisos y con ello daría un golpe mortal a una de las actividades económicas más relevantes de la entidad.